LO MÁS GRAVE QUE HA SUCEDIDO

LO MÁS GRAVE QUE HA SUCEDIDO

Nada hay más grave en la historia contemporánea de Venezuela que la decisión del TSJ del 24 de abril. Piense la gravedad de esa decisión. Reitero no hay una decisión de los poderes públicos en Venezuela más grave, quizás desde el año 1958 hasta ahora, que la decisión del TSJ. Esa decisión divide la historia venezolana. La razón sustancial es que esa decisión atenta contra el fundamento esencial de lo que se considera democrático. Al considerar la manifestación pacífica, espontánea o no autorizada, como un delito penal. Al ordenar que la policía municipal quien no tiene formación ni equipamiento actúe, para detener las manifestaciones espontánea o no autorizada, catalogándola como un delito de desorden público.  Al tomar esas decisiones promueven, ¿dije bien?, promueven la violación de los derechos humanos porque obliga a los alcaldes y funcionarios policiales municipales a tratar la manifestación pacífica espontánea o no autorizada como si se trataran asuntos de delincuencia común y al manifestante como un delincuente.  Tal sentencia se aparta del espíritu y la letra de los acuerdos, convenciones, pactos, leyes nacionales e internacionales con relación a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Es lo más grave porque el ciudadano pierde la única fuerza que tiene para manifestar sus desacuerdos contra el poder del estado en cualquier materia. Y sólo está facultado para manifestar siempre y cuando lo autorice el poder. Lo gravísimo es que el máximo tribunal de la república está afirmando, sentenciando, que así debe funcionar la democracia en Venezuela

Los venezolanos a partir de esa sentencia estamos, jurídicamente, en otro país. Pasamos de un país que en la norma era democrático, a un país que en la norma es dictatorial.  Las reglas que fundamentan el juego democrático han sido cambiadas. En el escrito que realicé el día de ayer titulado “TSJ Vulnera Derechos e Inutiliza el Diálogo”, fundamento lo que estoy afirmando a partir de la sentencia y utilizando un solo instrumento de los cientos que existen sobre derechos humanos, la resolución 22/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Jonatan Alzuru Aponte

Sábado 26 de abril de 2014