Oposición: ¿Dialóga, negocia, avanza?

OPOSICIÓN: ¿DIALÓGA, NEGOCIA, AVANZA?

@jonatanalzuru67

1.- El documento de UNASUR realizado por los cancilleres es de suma importancia para el pueblo venezolano. La importancia esencial para la oposición venezolana es que los cancilleres acuerdan que no hay un golpe de estado ni light ni duro en Venezuela. Es sustancial este punto, porque desmarca la situación actual de cualquier parecido con el 11 de abril del 2002. Lo que registran los cancilleres es una situación de conflictividad política violenta. Afirma el documento: “Asimismo, la Comisión ha identificado en sus contactos un firme rechazo de todos los sectores a los lamentables actos recientes de violencia, condenando a cualquier tentativa de ruptura del orden democrático y manifestando su compromiso con el respeto de todos los derechos humanos. En este sentido, considera que se debe asumir el compromiso de deponer todas las acciones violentas en Venezuela.” (UNASUR, 27 de marzo de 2014).

2.- Fue sumamente importante introducir una variante en la lógica de las Conferencias de Paz estimuladas por el gobierno donde, hasta ahora, eran un carnaval de discursos y donde el ejecutivo acordaba lo que él quería acordar, sin agenda previa y con la sola orientación de su moderador. Por el contrario, el documento afirma: “La Comisión reconoce la apertura y disposición del Presidente de la República de acoger las recomendaciones realizadas, y especialmente celebra la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes.” (UNASRUR, 27 de marzo de 2014) La voluntad de acordar un testigo que facilite el diálogo supone, discernir entre las partes quién pudiese ser un facilitador en una mesa de diálogo para construir acuerdos y negociaciones, con la finalidad de generar un clima, para la restauración del juego democrático en paz.

3.- No se deriva del texto que la Comisión de Cancilleres se transformen en los testigos facilitadores del diálogo, por el contrario, el texto es muy claro, que el testigo es acordado entre las partes. Y la Comisión de UNASUR se compromete a dar continuidad de su proceso de intervención en Venezuela, a través de una representación de la Comisión de Cancilleres, siendo un punto distinto, un párrafo distinto, del documento, lo expresan, claramente: “Para dar continuidad a este proceso iniciado por UNASUR, las reuniones de la Comisión tendrán continuidad en los próximos días, a través de un grupo de Cancilleres.” (UNASUR, 27 de marzo de 2014)

4.- El asunto de la protección de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos alude, a la protección de los ciudadanos frente al poder del estado. Por lo tanto, no se trata de cómo el estado analiza cómo el mismo viola los derechos, eso es un absurdo procedimental y jurídico, sino cómo el estado cumple con su deber, cómo rectifica cuando sus funcionarios violan los derechos humanos, los derechos civiles y políticos.

En el caso venezolano, según recoge El Universal del día de hoy (Cuerpo 3-11), por ejemplo, según documento del CICPC, se comprobó que el presunto homicida de Bassil Da Costa y Juan Montoya, manifestantes de oposición y de gobierno, fue un funcionario del SEBIN. Muertes, por lo demás, que fueron el detonante de la situación actual, el 12 de febrero.

Allí la responsabilidad material es del funcionario, pero se tendría que destituir e investigar a quien fue el Director del SEBIN y que actualmente ocupa un nuevo cargo dentro de los aparatos del estado. Igualmente, en los múltiples casos que de manera pública y notoria la Guardia Nacional ha actuado violentado los derechos, no sólo es un asunto de los funcionarios que cometieron la violación, sino de los comandantes, específicamente la responsabilidad mayor es del Comandante de la Guardia Nacional. El compromiso implica en términos prácticos su destitución y solicitud de averiguación.

El Presidente Maduro debe, porque está en su obligación para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, destituir al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justica y Paz como la Ministra de la Defensa. Tales destituciones ni siquiera deberían llegar a la Mesa de Negociación y Diálogo, sino que debe ser una medida previa para mostrar su compromiso con el resguardo de los Derechos Humanos. De no ser así, la dirigencia de oposición debería solicitarlo de inmediato, en los espacios que considere apropiados para ello.

5.- La dirigencia de los partidos políticos, movimientos civiles y gremios de la oposición deberían ser firmes en no sólo rechazar, sino en actuar en función que retroceda la lógica gubernamental engranada con los otros poderes públicos para destituir alcaldes a partir de acusaciones de los gobernadores de turno. Sucedió en Táchira, Carabobo, ahora en Barinas y lo pretenden hacer en Aragua. Es absolutamente írrito tal asunto. En principio porque está normado que las policías de las alcaldías no son para disolver manifestaciones, no son de su competencia, pero y quizás sobre todo, porque de ahora en adelante cualquiera que desee destituir a un alcalde, simplemente le hace diez barricada en lugares distintos de manera simultánea y sólo por ese hecho, es un causal para su destitución.

Pero se torna el asunto peor, cuando en los mismos días que se iniciaron las destituciones y aprensiones de los alcaldes de Táchira y Carabobo, muere Adriana Urquiola, tal como lo reseña la prensa y las investigaciones de manos de afectos al gobierno, en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda donde el Alcalde es Francisco Garcés y no se le solicita su destitución ni actúan los organismos para hacerlo. Es obvio que sería absurdo responsabilizar al Alcalde tales acciones. Ese mismo argumento, en una igualdad jurídica debe aplicarse a los Alcaldes detenidos. La igualdad frente a la ley es una condición mínima en un país donde se respete el estado de Derecho. En este aspecto es innegociable. No se puede permitir destituciones arbitrarias de funcionarios electos por el pueblo, con un argumento tan endeble como la realización o no de guarimbas en su Municipio.

6.- Es inaceptable y es un punto no negociable la actuación del Presidente de la Asamblea Nacional, usurpando los poderes del TSJ, los poderes de la Asamblea Nacional, en un mismo acto al denunciar, acusar, deliberar consigo mismo, decidir y enjuiciar a la Diputada María Corina Machado. Para que luego la Asamblea discuta sobre lo decidido y acuerde lo decidido. Es un precedente inaceptable en un Estado de Derecho. No sólo se trata de rechazarlo, no sólo se trata de enmendar la situación, sino que tales acciones jurídicamente tienen sanciones, se debe presionar para que se tomen las medidas ajustadas a la ley con relación a la actuación, fuera del marco constitucional, del diputado.

Finalmente, les expreso mi opinión a todos los encargados de tomar decisiones, la construcción de la paz no se trata de un espacio para intercambiar opiniones y salir todos contentos porque la contraparte escuchó con respeto y mostró su punto de vista. La construcción institucional de espacios para minimizar la arbitrariedad de los ciudadanos y del estado, pasa por acuerdos y decisiones tangibles en el corto plazo, donde las partes muestren su voluntad y su responsabilidad para asumir los asuntos públicos.

Jonatan Alzuru Aponte

Viernes 28 de marzo de 2014.