¿SE OBEDECEN LAS LEYES ILEGÍTIMAS?

El Movimiento del Gobierno

El gobierno adelanta una estrategia interna global de la siguiente forma: combinan una armazón jurídica con una política de medios cuyo mensaje fundamental es la confusión entre legalidad y legitimidad. Además, utilizan los poderes legislativos y judiciales para que generen una ola de incertidumbre jurídica y, a su vez, hacen ataques selectivos a miembros de la dirigencia de la oposición. Aunado a lo anterior, tienen un sistema de propaganda de radio, prensa, televisión y en la plataforma de Internet dirigida, dependiendo del medio, a los sectores del E al C, donde dibujan lo que significa bienestar desde la perspectiva gubernamental por un lado y, por el otro, tienen un despliegue dirigido a todos los sectores sociales que tiene por objetivo deslegitimar a todos los medios de información privados (radio, prensa y televisión) mostrando que ellos distorsionan la realidad y conducen a la población a un estado de angustia de tal manera que los enferman.. De allí se desprende que los cierres, a las radioemisoras no sólo las realicen bajo un pretexto normativo sino también, por salud pública.

Legalidad, legitimidad: ¿Se obedece o no las leyes?

El párrafo anterior será desplegado en varios artículos. El día de hoy me dedicaré al asunto de la legalidad y la legitimidad. Con respecto a ese punto podemos abordarlo, de forma preliminar, de la siguiente manera: la Asamblea Nacional, en los últimos meses, ha aprobado un conjunto de Leyes en distintos órdenes que formaban parte de la reforma constitucional que fue rechazada por el pueblo venezolano con su voto mayoritario en el 2007. Haciendo caso omiso al mandato popular, el ejecutivo avanza.

Esto lo acompaña con declaraciones, entrevistas, propagandas, alocuciones de distintos funcionarios desde el Presidente hasta el más bajo de los seguidores del gobierno, donde sostienen que la ley hay que cumplirla porque es la ley. Todo sujeto que incumpla la ley es delincuente y, por lo tanto, está fuera del estado de derecho y le corresponde la sanción máxima, privarlo de su libertad. Tal razonamiento confunde, de forma exprofesa, dígase, a propósito, no es por ignorancia sino de forma intencionada, dos órdenes que son complementarios pero que no son lo mismo, lo legal y lo legítimo.

Para el gobierno todo lo legal es legítimo. Dicho de otra manera, la ley es expresión del pueblo, de la población, siempre maximiza los intereses del colectivo. Su cumplimiento maximiza beneficios colectivos e individuales y minimiza costos. Por el contrario, incumplir la ley, desacatar, genera mayores costos sociales, minimiza beneficios colectivos e individuales y, por lo tanto, es una falta grave al acuerdo social.

La confusión entre legalidad y legitimidad es una estrategia clásica de los gobiernos totalitarios. De esa manera se condujo la Alemania nazi. La segregación judía era una norma constitucional, era legal. Por lo tanto, afirmaban los encargados de dirigir los campos de concentración en los juicios de Nüremberg que ellos hacían el bien. Sus acciones eran correctas, apegadas a derecho, eran legítimas, porque desobedecer implicaba ir contra la ley, contra el estado, contra el bien de la república.

Si bien es cierto que la situación venezolana, todavía dista mucho y ojala que nunca llegue ni siquiera a parecerse a lo sucedido a mediados del siglo XX en Europa, no es menos cierto que teóricamente, la forma de argumentar del ejecutivo en Venezuela, se sostiene en las mismas premisas teóricas. A saber: el actuar del ciudadano es correcto si cumple la ley porque toda ley emanada de la Asamblea Nacional es buena en sí misma porque fue construida en función del bien común.

En primer lugar, desde una perspectiva procedimental podemos criticar tal posición porque el pueblo venezolano no acordó tales leyes, por el contrario se manifestó en contra de los valores que implicaba la reforma constitucional promovida por el ejecutivo en el año 2007. En segundo lugar, las leyes promulgadas son producto de un sector político que tiene la hegemonía del poder en Venezuela. Promueve valores que un sector grueso de la población disienten porque atenta contra unos valores socioculturales difusamente compartidos por múltiples y diversas comunidades habitantes del país. Esta afirmación no es una apreciación sino una evidencia, hay constatación empírica a través de una consulta, el referéndum del 2007.

La trampa en la argumentación es que aquello que se llama bien común se da por sentado; no forma parte de la discusión. Y, justamente, la argumentación de eso que se llama bueno es un ámbito de discusión argumental con respecto a la legitimidad de las decisiones. Basado en lo anterior, nos preguntamos ¿es legítimo, en el supuesto negado, que una mayoría apruebe una ley (los venezolanos nos pronunciamos en contra) que atente contra unos valores, cumplirla sólo porque fue promulgada por el poder legislativo? Tendríamos que responder que no. Lo legal no es necesariamente legítimo y lo legítimo no es necesariamente legal.

Nuestra vivencia política resiente como país, se presentó un caso, por ejemplo, de un asunto no legal pero si legítimo. Fue cuando se inició el gobierno de Chávez y éste planteó la constituyente a través de un referéndum. Tal acto no era legal puesto que no existía una normativa que regulara tal proposición y constitucionalmente estaba prevista la posibilidad de la reforma pero no la realización de una constituyente. Justamente, en aquél entonces, el Tribunal Supremo hizo una interpretación del articulado donde se establece que el poder reside en el pueblo y, desde allí, normó en atención a la legitimidad. Era legítimo hacer un nuevo contrato social. Este es un caso transparente de distinción entre legalidad y la legitimidad. Lo opuesto también es posible, la existencia de una norma no legítima. Es decir, cumplir la ley supondría apegarse a lo legal y atentar contra lo legítimo.

Nos enfrentamos en Venezuela, en estos momentos, a esa situación: Leyes procedimentalmente legales, pero no legítimas. La pregunta que se hace el ciudadano de a pie, los partidos opositores, algunas instituciones, es ¿cumplimos o no la ley?

Cuando se enfrenta al poder del gobierno, aún más, cuando se hace oposición a un gobierno que tiene conductas autoritarias y un horizonte totalitario, la respuesta no está en el orden jurídico. Aunque siempre se agote esa vía y, rigurosamente, sea necesario agotarla, se debe tener conciencia que allí, en esa cesta, no hay que poner todos los huevos. La razón es muy elemental. El gobierno, al controlar los poderes, siempre fallará a su favor. Tampoco la decisión se basa en una discusión teórica del contenido, aunque es vital e importante que se desmonte en este plano.

Afirmamos que la discusión no es teórica porque al concluir que una ley es ilegítima o es incoherente o su aplicación genera más problemas prácticos que los existentes antes de la ley, se concluiría automáticamente que no se debe acatar y en el contexto, específico, de una lucha como la existente en Venezuela eso es una torpeza. Insistimos, los dos terrenos anteriores, jurídicos y teóricos, deben abordarse y la oposición debe tener actores que se dedique a ellos. Además se debe diseñar una campaña para publicitar las razones teóricas y jurídicas que se tienen contra las leyes, pero y esto es lo fundamental, se debe tener conciencia que ese no es el plano jerárquicamente importante.

La decisión de cumplir o no las leyes ilegítimas están en un orden político. Es una cuestión de táctica. De allí que ese tipo de decisión supone una evaluación constante de costos, beneficios de la lucha y de los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se busquen. Las movilizaciones, ruedas de prensa, contactos internacionales son los movimientos necesarios para iniciar una política de enfrentamiento a unas decisiones ilegítimas. Tales acciones de masa se deben evaluar de forma permanente. Agotar una forma de lucha sin obtener un beneficio, sin ganar una batalla, puede ser pésimo para el movimiento transformador. Un objetivo concreto, en una primera instancia, es medir la capacidad de convocatoria y aprovechar esas movilizaciones para generar conciencia, para entusiasmar, explicando el punto teórico y jurídico del por qué tales leyes son ilegítimas.

Se debe calcular, y esto sólo es un asunto de pericia, cuando repetir la misma forma de lucha, porque puede ser un boomerang contra el movimiento opositor. Al no conseguir un objetivo tangible para los manifestantes y observar más costos que beneficios individuales y colectivos en esa forma de lucha, es posible que se replieguen sin organización, ni reflexión sino por puro desencanto.

El repliegue desencantado, en una circunstancia que lo que se quiere es dejar sin efecto una ley ilegítima, es terrible. Un repliegue de las comunidades es un avance del poder ejecutivo. Esto conduce a una desarticulación del movimiento y de esa forma las comunidades tendrán que cumplir la ley. Incumplirla se arriesga la libertad sin ninguna consecuencia política, sin ningún avance, es un costo sin ningún beneficio real.

La masa, el pueblo, las comunidades que se manifiestan en contra deben aprehender que la decisión de desacatar es un asunto de momento político, que no se trata de temer o no, de valentía o cobardía, de avalar o no al régimen. No es una decisión impulsiva. A veces es preferible cumplirla y protestar. Protestar y mantenerse en el escenario jurídico no porque se crean en él, sino por táctica política. Esperando el mejor momento para desobedecer. La desobediencia sin organización es estupidez. La desobediencia sin planificación es una apuesta al azar, a lo espontáneo.

La contingencia a veces puede generar un movimiento con unos efectos incalculables y positivos o puede terminar en un desastre, nunca se puede saber. En una lucha contra un régimen que tiene consolidado diez años y tiene una chequera respaldada por pozos petroleros, donde su caja chica es una empresa trasnacional como PDVSA, que constitucionalmente le quedan dos años y medio de gobierno, controla todo los poderes y tiene un respaldo mínimo del 40% de la población mayoritariamente los más pobres, la lucha siempre se debe plantear calculando el mediano y el largo plazo, por lo tanto, es insensato las apuestas a la espontaneidad.

La desobediencia tiene consecuencias. Es importante conocer cuáles son. Se debe planificar pensando en la peor reacción del gobierno. Y los sujetos convencidos de la acción asumir las consecuencias de ellas, teniendo algunas previsiones para los pasos posteriores. Obviamente, las formas de luchas dependerán en gran medida de cómo el poderoso actúa. Es vital la conformación de un equipo de dirección política. Esto no es para retratarse en televisión o declarar o mostrarse todos en una mesa. Esa presentación a los medios, si se quiere hacer o es oportuno hacerla, es un resultado de una dirección política y no a la inversa.

Siempre es bueno pensar que esa manera de presentarse, todos los dirigentes juntitos en una mesa, es la mejor forma que tiene el gobierno para atacar. Ataca a uno y atacan a todos. Eso es vital repensarlo. No hay que dejar eso al deseo o a las encuestas, sino es fruto de la reflexión política. Las encuestas son un insumo necesario para decidir pero no se puede decidir sólo con las encuestas.

El equipo de dirección política debe trabajar de forma permanente para conducir un movimiento de desobediencia popular. Los medios de comunicación son instrumento de las direcciones políticas y no a la inversa. Esa es una regla clásica de la política que sería útil repensarla en Venezuela. Hasta ahora las bailo terapias, Show y dirección política desde las encuesta, desde los medios, no han dado resultado. Pero eso será ámbito de otra reflexión.